El Gobierno nacional se encuentra en negociaciones para modificar el proyecto de Inocencia Fiscal II, con el objetivo de que los funcionarios públicos no puedan acceder a algunos de los principales beneficios del régimen. Esta medida surge de conversaciones con diputados de bloques aliados, buscando avanzar con la iniciativa legislativa.
La propuesta establece que los funcionarios podrán utilizar el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero quedarán excluidos de las presunciones y efectos liberatorios previstos por el proyecto. La intención es diferenciar el tratamiento entre los contribuyentes generales y aquellos que hayan ejercido funciones públicas.
Este cambio es clave para destrabar el avance del proyecto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo requiere apoyo para conseguir un dictamen favorable. Cabe destacar que el proyecto original no contemplaba una exclusión específica para los funcionarios, pero la situación ha cobrado relevancia tras el escándalo que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes ingresaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada.
Las modificaciones están siendo analizadas en el marco del debate en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, y forman parte de las negociaciones que el Gobierno mantiene con sectores aliados. Un aspecto importante en discusión es la situación de los funcionarios que hayan ocupado cargos públicos en los últimos años, ya que se propone establecer restricciones específicas para evitar que utilicen mecanismos del régimen para justificar fondos no declarados.
Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para modificar el esquema de fiscalización de Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema. Sin embargo, su tratamiento legislativo depende de las modificaciones que se están negociando, incluyendo la exclusión de los funcionarios de los beneficios más sensibles de la iniciativa.
Además, el oficialismo está revisando otros aspectos del proyecto para lograr un consenso parlamentario, incluyendo las condiciones de acceso al régimen y los mecanismos para regularizar diferencias detectadas por ARCA. Estas negociaciones continuarán hasta que la iniciativa llegue al recinto.
Fuente: NA
