El Gobierno argentino ha anunciado que presentará una denuncia penal contra la petrolera Navitas y otras compañías por su supuesta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La información fue difundida a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se detalla que la denuncia será presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, con el apoyo del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Este anuncio se produce tras declaraciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien instó a su gobierno a reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, calificándolas como “territorio argentino ocupado”. La denuncia afectará a varias entidades, incluyendo Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., que, según el comunicado, tienen licencias otorgadas por el Reino Unido para operar en la región.
El Gobierno argentino sostiene que estas actividades infringen la Ley N.º 26.659, conocida como la “Ley Pino Solanas”, que prohíbe la exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización nacional. La presentación judicial se dirigirá no solo a las empresas mencionadas, sino también a sus directores y gerentes, así como a cualquier representante que haya participado en estos hechos.
El comunicado destaca que esta acción busca proteger los recursos naturales de Argentina y reafirmar su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Además, el Gobierno planea seguir investigando y tomando medidas frente a cualquier acción que atente contra sus derechos soberanos.
En el mismo comunicado, se menciona que el presidente Javier Milei ha instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar el desarrollo de proyectos estratégicos, incluyendo la Base Naval Integrada, en el próximo Presupuesto Nacional para 2027 que debe ser presentado al Congreso.
La Ley 26.659, sancionada en 2011, establece que se requiere autorización argentina para las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, y prevé sanciones severas para quienes operen sin dicha habilitación. Esta ley ha sido objeto de reformas, incluyendo la Ley 26.915 en 2013, que incorporó penas de prisión y multas para los infractores.
Un antecedente de denuncias por actividades similares data de 2015, cuando se presentó una investigación contra seis empresas por presuntas actividades no autorizadas en la misma área. En aquella ocasión, los fiscales impulsaron la causa contra compañías que incluían Falkland Oil and Gas Limited y Noble Energy Inc.
Fuente: La Nación
