18/8/2026 · 00:00 hs
El juez penal juvenil Fabricio Gershani Quesada advirtió que la baja de la edad de responsabilidad penal puede trasladar a la Justicia situaciones que hoy se resuelven en la escuela o la familia.
También anticipó un posible aumento de las causas y planteó la necesidad de evitar la “judicialización de la escolaridad”.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil plantea un cambio que irá mucho más allá de incorporar a los adolescentes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal. Para el juez penal juvenil Fabricio Gershani Quesada, uno de los principales desafíos será determinar dónde termina un conflicto propio de la vida escolar o familiar y dónde comienza una situación que requiere la intervención de la Justicia.
La nueva legislación comenzará a regir el 5 de septiembre y, según el magistrado, todavía no existen datos que permitan medir con precisión cuál será su impacto. La incorporación de una franja etaria que hasta ahora no respondía penalmente y la ampliación de los delitos alcanzados hacen prever, sin embargo, un incremento de las causas.
“Probablemente haya un aumento considerable”, sostuvo Gershani Quesada, aunque aclaró que cualquier proyección debe tomarse con cautela porque se trata de una población que hasta ahora no estaba incorporada al sistema y cuyo comportamiento no puede medirse con antecedentes.
Pero el número de expedientes no es la única preocupación. El juez puso el foco en un fenómeno que podría producirse con la nueva normativa y que definió como “traslación” a los conflictos que actualmente encuentran una respuesta en otros ámbitos pasen a la esfera penal.
Escuela
La escuela aparece como uno de los ejemplos más claros. Una pelea entre compañeros, una amenaza o un problema relacionado con un teléfono celular pueden ser abordados hoy mediante mecanismos propios de la institución educativa. Con la nueva legislación, algunas de esas situaciones podrían derivar en una investigación penal, con intervención de fiscales, defensores y jueces.
Gershani Quesada destacó que la escuela cuenta con profesionales y herramientas para resolver conflictos dentro de su propio ámbito. Por eso, advirtió sobre el riesgo de que un problema que antes podía solucionarse allí termine involucrando a numerosos operadores judiciales.
“La escuela es una caja de resonancia muy importante”, señaló el magistrado, quien remarcó la necesidad de prepararse para que la aplicación de la nueva ley no implique una “judicialización de la escolaridad”.
La familia
La mirada también alcanza a la familia y a los organismos que trabajan con niños y adolescentes. La incorporación de una respuesta penal no elimina el papel que cumplen esos espacios en la prevención, la contención y la resolución de los conflictos. El desafío será determinar cuándo corresponde que intervenga la Justicia y cuándo deben continuar funcionando otras herramientas de abordaje.
A esto se suma la necesidad de adaptar los recursos. El juez explicó que tampoco es posible conocer de antemano cuántos adolescentes quedarán involucrados en procesos penales ni cuánto crecerá la población alojada en los centros de detención.
“No podemos crear una mega estructura para algo que todavía no sabemos”, sostuvo. Por eso, consideró que la respuesta deberá construirse de manera progresiva, con un sistema “continuo, ágil y dinámico” que permita incorporar recursos a medida que se conozca el impacto de la reforma.
Catamarca cuenta, según el magistrado, con experiencia previa y estructuras especializadas en Justicia Penal Juvenil, aunque deberán ser fortalecidas ante el nuevo escenario.
La discusión que abre la reforma, entonces, no pasa solamente por la edad. También plantea una pregunta de fondo: cómo aplicar una nueva responsabilidad penal sin que cada conflicto de un adolescente termine necesariamente en una causa judicial.
