La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Andalgalá por las autoridades del Concejo Deliberante.
Acusan al jefe comunal de eludir los controles legislativos, pagar en efectivo $59.200.000 y violar las normas nacionales de bancarización y antilavado
8/6/2026 · 12:59 hs
El presidente del Concejo Deliberante de Pomán, Walter Ramón Centeno, junto a la concejal Maricel del Valle Quinteros, formalizaron una grave denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial. La medida judicial apunta directamente contra el intendente municipal, el Prof. Francisco Antonio Gordillo; el director de Coordinación y Despacho, Prof. Luis Salguero; y el director de Tesorería General, Diego Maciel Quinteros. Se los acusa de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y falsedad ideológica.
De acuerdo con el documento presentado con el patrocinio del abogado Mariano Manzi, la investigación se originó tras conocerse de forma extraoficial la adquisición directa de la vivienda conocida como «Casa Santa Rita» por parte del Ejecutivo. Tras sucesivos pedidos de informes debido a respuestas «genéricas e incompletas», el Concejo Deliberante constató una serie de anomalías temporales y legales que echaron por tierra el argumento oficial de una «necesidad urgente».
Una «urgencia» de 14 meses y pagos sin registrar
Según la denuncia, el intendente Gordillo había dictado el Decreto N° 157/24 el 31 de diciembre de 2024 invocando una supuesta «urgencia» debido a que el vendedor residía en París (Francia) y debía viajar a la brevedad. Bajo ese pretexto, justificó obviar el llamado a sesiones extraordinarias y realizar la compra «ad referéndum» del Concejo Deliberante. Sin embargo, la cronología oficial demostró lo contrario:
- 31 de diciembre de 2024: Se dicta el decreto de necesidad y urgencia original.
- 24 de abril de 2025: Se firma el contrato de cesión de derechos por un monto de US$ 40.000.
- 18 de marzo de 2026: Se efectiviza el pago de la operación en pesos.
- 22 de abril de 2026: El inmueble se incorpora formalmente al patrimonio municipal mediante el Decreto N° 066/26.
«Entre la invocación de urgencia y el pago efectivo transcurrieron más de 14 meses, lo que demuestra que la supuesta premura solo resultó un pretexto falso para justificar la decisión unilateral del Intendente y evitar el control obligatorio del Concejo Deliberante», detalla la denuncia. Además, los legisladores advierten que el municipio solo adquirió la «cesión de derechos posesorios» y no el dominio pleno de la propiedad, asumiendo el riesgo de costear un futuro juicio de usucapión.
Violación a las leyes antilavado y sospechas de falsedad
Uno de los puntos más delicados de la presentación judicial radica en la modalidad de pago adoptada por la administración de Gordillo. La Tesorería Municipal emitió un recibo oficial de egreso por la suma de $59.200.000 en efectivo, prescindiendo de cualquier tipo de transferencia bancaria. Los denunciantes alertan que esta maniobra transgrede abiertamente la Ley Nacional 25.345 (de limitación a las transacciones en efectivo), la Ley 25.246 de Lavado de Activos y las normativas vigentes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA).
Por otra parte, se detectó una contradicción de extrema gravedad: mientras que el contrato primario y la posterior escritura pública fijaban el precio en dólares estadounidenses y hacían expresa mención a una cuenta bancaria radicada en Francia, el municipio declaró un pago total en pesos en efectivo aplicando un tipo de cambio arbitrario de $1.480 por dólar sin ningún tipo de aprobación presupuestaria previa. Para las autoridades del Concejo, esto constituye un claro indicio de falsedad ideológica.
Ante la gravedad institucional de los hechos, la presentación solicita al Fiscal de Instrucción el secuestro de la documentación original de la transacción, la citación de los funcionarios a declaración indagatoria y la realización de pericias contables y financieras. Asimismo, se requirió librar oficios urgentes al Banco de la Nación Argentina para auditar los retiros de fondos y al Tribunal de Cuentas de la Provincia a efectos de determinar si existían antecedentes de contralor sobre este proceso de contratación.
