Los gremios docentes y no docentes de universidades nacionales han llevado a cabo un paro de 24 horas en respuesta a la crisis de financiamiento que enfrenta el sector. La medida de fuerza, que ha sido acatada de manera significativa, se da en un contexto de creciente tensión entre las instituciones educativas y el Gobierno.
En un desarrollo paralelo, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ha convocado a una audiencia programada para el próximo 21 de agosto. En esta audiencia se espera la presencia del Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para abordar los reclamos relacionados con el financiamiento universitario.
A pesar de que el Gobierno promulgó una ley de financiamiento universitario, ha justificado su falta de aplicación alegando que no especifica los fondos necesarios para su implementación. Esta situación ha llevado a la realización de varias marchas federales y a la presentación de múltiples acciones judiciales por parte del CIN y otros gremios. Las causas han sido finalmente unificadas, y el CIN ha exigido el cumplimiento inmediato de una medida cautelar que obliga a actualizar salarios y becas.
La UBA ha solicitado que se amplíen los reclamos para incluir aumentos destinados a hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y técnica, los cuales no fueron considerados en la sentencia anterior. La situación se complica aún más con la confirmación de que el Gobierno no ha cumplido con el incremento del 20% para los gastos operativos y una partida adicional de $50.000 millones para los hospitales universitarios, a pesar de haber acordado estos términos en un acta firmada en junio.
En medio del paro, el Gobierno ha calificado la medida como “ilegítima”, argumentando que no existe incumplimiento de su parte. No obstante, ha fijado una nueva mesa paritaria para el 1° de septiembre. Los gremios han manifestado que la comunidad universitaria ha alcanzado un límite, subrayando la necesidad de que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y los acuerdos firmados.
El acatamiento del paro ha sido notable, con un porcentaje superior al 80% en varias universidades, según los informes de los líderes gremiales. En particular, el secretario general de la Federación Nacional de Docentes de las Universidades (Fedun), Daniel Ricci, ha destacado la gravedad de la situación y la urgencia de un diálogo abierto para avanzar hacia una solución. En el caso de los no docentes, el acatamiento ha alcanzado cifras cercanas al 98% a nivel nacional.
Conadu también ha confirmado su intención de continuar con las medidas de fuerza, manteniendo la presión sobre el Gobierno para que cumpla con la ley de financiamiento universitario, que no requiere de negociaciones paritarias para su aplicación. Las movilizaciones y paros pueden intensificarse si no se obtienen respuestas favorables en las próximas semanas.
Fuente: La Nación
