La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca confirmó las condenas impuestas a Jorge Roberto Castro y Mónica Beatriz Murúa por el homicidio de Miguel Ángel Ferreira, ocurrido el 10 de septiembre de 2023 en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo.
El Tribunal rechazó por unanimidad los planteos de las defensas contra la Sentencia N.º 47/2025, dictada el 19 de diciembre de 2025, luego de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad por unanimidad el 4 de diciembre de ese año. Castro fue declarado culpable como autor de homicidio simple, mientras que Murúa fue considerada partícipe secundaria del mismo delito.
Las defensas habían solicitado la anulación de los veredictos y la absolución de ambos condenados. En el caso de Castro, cuestionaron la valoración de los informes del Cuerpo Interdisciplinario Forense que diagnosticaron una discapacidad intelectual moderada y dificultades en el control de los impulsos, al sostener que correspondía declararlo inimputable.
Respecto de Murúa, argumentaron que había actuado para proteger a su hijo y que su conducta debía encuadrarse en la legítima defensa de un tercero. Sin embargo, la Sala Penal entendió que los veredictos encontraron respaldo en la prueba producida durante el debate y que no se acreditaron motivos suficientes para disponer su anulación.
En relación con Castro, el Tribunal señaló que el diagnóstico de una discapacidad intelectual no determina automáticamente la inimputabilidad, sino que debe analizarse si la persona podía comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones al momento del hecho. También consideró que los informes periciales debían valorarse junto con el resto de las pruebas.
En cuanto a Murúa, entendió que los elementos incorporados al juicio respaldaban la conclusión de que su intervención facilitó la agresión y que las circunstancias acreditadas no permitían sostener la existencia de legítima defensa de un tercero. De este modo, la Sala Penal confirmó en todas sus partes la sentencia condenatoria, mantuvo las penas de diez años de prisión para Castro y cinco años y seis meses para Murúa, e impuso las costas a la parte vencida.
