Los cuatro diputados peronistas rechazaron bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

El proyecto fue aprobado ayer con 149 votos a favor y tuvo 100 en contra. Dentro de ese centenar, estuvieron los opositores a la gestión nacional Claudia Palladino, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila.

POLÍTICA

Por Redacción El Esquiu

13/2/2026 · 01:52 hs

Luego de conseguir la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo sumó ayer otra victoria en el Congreso al alzarse con la media sanción de la reforma del Régimen Penal Juvenil. Sin embargo, el Gobierno tuvo que ceder a las presiones de los aliados y la edad de imputabilidad se bajará de los 16 a los 14 años y no a los 13 que pretendía Javier Milei. La propuesta, que es parte de la agenda dura de La Libertad Avanza, consiguió la media sanción con 149 votos a favor y 100 en contra.

En ese marco, los cuatro diputados catamarqueños opositores y de extracción peronista se inclinaron por el rechazo: es decir, los tres del bloque provincialista Elijo Catamarca, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila, y la integrante del bloque kirchnerista, Claudia Palladino.  Lógicamente, el oficialista libertario Adrián Brizuela acompañó la propuesta.

Tras la media sanción de Diputados, la reforma del Régimen Penal Juvenil pasará al Senado, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley en una sesión que será convocada para el 26 de febrero. Lo cierto es que, con la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad, el Gobierno dio un nuevo paso en su agenda de seguridad, aunque fracasó en su intento de llevar la edad punible a los 13 años como pretendía en la propuesta original que envió al Congreso en 2024.

Las presiones de los aliados, principalmente del PRO y la UCR, obligaron a la Casa Rosada a aceptar el acuerdo celebrado el año pasado cuando se firmó un dictamen consensuado que fijaba la edad en los 14 años. Vale aclarar que ese despacho se cayó al concluir el período ordinario. La discusión estaba trabada porque desde la oposición apuntaban a la falta de precisiones sobre los fondos para la infraestructura y servicios, como la figura del supervisor que se crea con esta ley. 

En el dictamen firmado otorgaba a la jefatura de Gabinete la facultad para reasignar partidas del presupuesto para financiar las obras y el sistema. Para destrabar el debate, el oficialismo acordó con los dialoguistas incorporar un artículo que formaliza una partida presupuestaria de más de $ 23.000 millones para financiar la aplicación del sistema y habilitaba a las provincias a firmar convenios con el Gobierno.

Además de la baja en la edad de imputabilidad, la propuesta incluye también medidas complementarias como programas educativos, laborales, recreativos. Para los casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se aplicarían las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas. Asimismo, se reducen las penas máximas de 20 a 15 años.

Intervenciones

De los cinco diputados nacionales por Catamarca solo participaron dos, Nóblega y Monguillot.  “Debiéramos asumir la responsabilidad en serio de preguntarnos por qué llegamos a esta situación, qué hace el Estado para cuidar a los niños, a los adolescentes”, planteó Nóblega, el primero en intervenir. Desde su perspectiva, “de nada sirve echar las culpas, lo que sirve es que cada uno de los estamentos del Estado lleve adelante políticas públicas que permitan trabajar coordinadamente para no tener que llegar a este punto de criminalizar a la juventud”.

Tras leer la carta pública del juez de menores Rodrigo Morabito dirigida al presidente Javier Milei, Nóblega dijo: “Como abogado, como padre, hubiese firmado a la par, porque creo en la Justicia y creo en el rol del Estado”. “Como dijo el juez de Catamarca, la respuesta no está en castigar más temprano, la respuesta está en no abandonar más temprano”, cerró.

Por su parte, Monguillot remarcó que la propuesta “no va a reducir el delito, no va a proteger a la comunidad y, por más firme que suene la decisión y si el proyecto se convierte en ley, va a ser una mala ley, no es más que la bandera de la demagogia punitiva, son soluciones simples a problemas muy complejos, es el camino más fácil, es un atajo”.

El exminsitro de Gobierno en la provincia también advirtió que el proyecto “tiene un problema estructural: traslada costos a las provincias, propone la creación de equipos interdisciplinarios, cuerpos especializados, más plazas de detención, más personal y más infraestructura”. “Este proyecto elige la consigna más fácil, no mejora la seguridad, no fortalece a las provincias y no protege a nuestros jóvenes. Al no cumplir estas 3 cosas, no es una buena ley, por más firme que suene”, subrayó Monguillot.