El legislador nombró un perito de parte, quien participará junto a la psicóloga y psiquiatra del CIF de la medida. También enviaron oficios a Diputados y Arcat.
POLICIALES
Por Redacción El Esquiu
16/5/2026 · 01:28 hs
La investigación jurisdiccional que lleva adelante el juez de Control de Garantías N° 4, Marcelo Sago, en contra del diputado provincial Javier Galán continúa avanzando con una batería de medidas de prueba.
El Esquiú.com pudo conocer de voceros de la investigación que entre las medidas ordenadas se les notificó, tanto a la abogada querellante, Dra. Silvia Barrientos, como al abogado defensor del legislador, Dr. Leonardo Beber, la realización de la pericia psicológica y psiquiátrica a desarrollarse en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) la próxima semana.
Según se supo, Galán nombró un perito de parte, quien participará junto a la psicóloga y psiquiatra del CIF de la media. En este mismo aspecto, se libraron los oficios pertinentes para que se arbitren los medios para que se lleven a cabo los informes socioambientales en los domicilios de las denunciantes y también a la oficina de Asistencia a la Víctima para que elabore los informes victimológicos y valoración de riesgo en las personas de las denunciantes.
Otra medida de prueba dispuesta por la Justicia se centra en los teléfonos celulares, más precisamente en una línea -número de teléfono- sobre la que se emitieron los oficios correspondientes para que se informe en detalle a nombre de quién está registrado el número, qué llamadas se hicieron, qué mensajes se enviaron y toda la actividad que pudiera resultar útil para la investigación que se lleva adelante. En este apartado, consultadas las fuentes judiciales acerca del teléfono celular de Galán, se indicó que por el momento no fue requerido por la investigación.
Más pedidos
Por otra parte, desde la Justicia se enviaron también pedidos de informe a la Cámara de Diputados solicitando información de los empleados a fines, según explicaron, de constatar la supuesta comisión de los delitos de peculado y exacciones, que cabe aclarar no fueron denunciados por las tres mujeres a quien representa la abogada Silvia Barrientos, sino que surgieron de las denuncias de abuso sexual que “se dieron dentro de un marco de relación de dependencia de autoridad (…)”.
La Justicia busca también conocer a cargo de quién o quiénes está el corralón de avenida Güemes, por lo que se libró oficio a la Cámara de las Sociedades Comerciales para que lo informen. También se libraron oficios a la Administración de Rentas de Catamarca -Arcat-, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, a los fines de que informe sobre la situación tributaria, registral e impositiva del establecimiento comercial Corralón San Javier.
Inspecciones
Otras medidas ordenadas por el juez, en el marco de la investigación jurisdiccional, es la realización de inspecciones oculares a realizarse en determinados domicilios, a efectos de corroborar si tienen cámaras de seguridad, como así también la existencia de testigos útiles para la investigación.
Cabe acotar que el juez Marcelo Sago inició la investigación jurisdiccional para solicitar o no el desafuero del diputado Galán, el pasado 30 de abril, contando con un plazo de dos meses para finalizarla.
Sin respuesta
Por otra parte, el mismo magistrado continúa esperando que desde la Legislatura provincial se le responda al segundo pedido de desafuero a la diputada provincial Natalia Saseta que se envió a la Cámara Baja en abril de 2023 a las 9.27 de la mañana.
El pedido “duerme” en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara Baja. Según expresaron algunos de los legisladores que la integran, el pedido de la Justicia sí ingresó a la comisión, pero hasta el momento no se trató y no se avizora su tratamiento por “motivos políticos”, aun cuando aclararon que el oficio de la Justicia si está en la Cámara, pero en “la comisión”, no en la “Cámara”.
