La diputada de la oposición, Natalia Herrera, solicitó una reunión en la Comisión de Educación para conocer qué intervención tuvo cada organismo y si se cumplieron los protocolos.
25/10/2026 · 00:40 hs
La diputada de la oposición Natalia Herrera (Generar) solicitó por escrito a la Comisión de Educación de la Cámara Baja una reunión formal para que representantes del Ministerio de Educación y Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social y del Colegio Pía Didoménico informen sobre las actuaciones realizadas ante los hechos de hostigamiento y violencia entre adolescentes.
El pedido de la legisladora, que tiene como fecha el 23 del corriente, apunta a que cada institución explique cómo intervino y qué medidas adoptó. En la solicitud, Herrera pide que sean convocados la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, las autoridades de Educación Privada, Mediación Escolar y Coordinación Institucional que intervinieron en el caso, el titular de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, y la representante legal y la dirección del Nivel Secundario del colegio.
En el escrito, la diputada remarca que “la gravedad de lo sucedido exige conocer qué intervención tuvo cada institución, qué medidas se adoptaron y si se cumplieron los protocolos correspondientes”. A su vez, sostiene que la respuesta institucional “no puede limitarse a declaraciones generales: debe traducirse en acciones concretas, oportunas y verificables”.
Con esa frase, la legisladora sugiere una alusión al comunicado que difundió el Colegio tras la repercusión que alcanzó el caso, donde aseguró haber “actuado con responsabilidad y celeridad” desde que tomó conocimiento de los hechos.
El documento detalla qué quiere saber de cada organismo. Para el caso, a la cartera educativa le consulta si tomó conocimiento y qué actuaciones administrativas inició, si se activaron los protocolos vigentes para situaciones de violencia, acoso u hostigamiento entre estudiantes, qué medidas se dispusieron para proteger a los involucrados y evitar la revictimización, y si se evaluó el cumplimiento de las obligaciones por parte del establecimiento.
Esto se suma a las exigencias que el propio Ministerio de Educación le hizo al Colegio, al que le dio 24 horas para presentar un informe detallado y un plan de protección para los estudiantes. Respecto a la representación del Pía, Herrera les pide precisar cuándo tomaron conocimiento de los hechos, qué protocolos aplicaron, qué intervención tuvieron los equipos de orientación, qué comunicación mantuvieron con las familias y si dejaron registro de lo actuado.
En cuanto a Desarrollo Social, que hasta ahora no había aparecido en el caso, la legisladora quiere saber si intervino algún área especializada en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, qué medidas de asistencia y acompañamiento se adoptaron o se evaluaron como necesarias, y si hubo articulación con Educación y con el colegio.
La diputada solicitó además que las autoridades lleguen a la reunión en condiciones de responder preguntas adicionales y de aportar documentación respaldatoria, para que los integrantes de la Comisión puedan pedir aclaraciones y ampliaciones. Aclaró que el objetivo es lograr “un abordaje integral y transparente” con información suficiente para el control legislativo, preservando la identidad y la intimidad de los adolescentes involucrados.
Según indicó Herrera, la responsabilidad institucional “no termina con expresar preocupación frente a hechos de esta naturaleza”, sino que también implica procurar que los organismos expliquen cómo actuaron y qué medidas pueden adoptarse para prevenir que situaciones similares se repitan.
