El letrado de Lucrecia, Casorla Yalet, dio a conocer un escrito dirigido a la sociedad, la Justicia y los políticos.
22/11/2026 · 01:06 hs
A través de un duro comunicado público titulado “La víctima más condenada: cuando el sistema encierra a quien debe proteger”, el abogado Roberto Casorla Yalet (representante legal de la familia de Lucrecia B. V.) apuntó directamente contra magistrados, fiscales e instituciones educativas por la falta de avances procesales a siete meses de la difusión de imágenes íntimas de la menor.
El documento, con fecha del 20 de noviembre de 2026 al que tuvo acceso este medio, está dirigido a la Justicia, la sociedad y la dirigencia política local y advierte que la causa trasciende una disputa judicial y constituye un problema de gravedad institucional.
En su presentación, Casorla Yalet remarcó que el caso no debe minimizarse bajo la figura del bullying, conducta que no está tipificada en el Código Penal, sino que debe encuadrarse en los delitos graves que se investigan.
En este sentido, señaló que lo denunciado es la producción y difusión de imágenes íntimas de una menor (prevista en el artículo 128 del Código Penal), delito por el que la Fiscalía Penal Juvenil imputó a tres jóvenes.
El letrado sostuvo que no se trató de un episodio aislado, sino de un hostigamiento periódico y coordinado ejecutado por un grupo de hombres y mujeres con el fin de dañar la salud de la adolescente, en el marco de lo que sanciona la ley sobre violencia digital.
También, apuntó contra A. S. (18 años, mayor de edad y exabanderada del colegio), quien el pasado 17 de octubre se grabó en Instagram jactándose de la humillación sufrida por la víctima durante el viaje de egresados a Bariloche (donde la rodearon, le arrojaron bebidas y le cantaron sobre el video).
Es necesario resaltar que el comunicado reconstruye el calvario atravesado por la joven desde el inicio del conflicto.
Según el querellante, el 15 de abril de 2026 se accedió al teléfono de Lucrecia, se reprodujo y filmó un video íntimo que luego circuló por WhatsApp. Al enterarse el 2 de junio, la adolescente debió abandonar las aulas y cursar de manera virtual durante más de cuatro meses. Hoy, según denunció el abogado, vive una
“prisión domiciliaria de hecho”, con la salud resentida y sin poder salir a la calle.
La madre de la víctima presentó cinco notas formales exigiendo separar a los agresores y aplicar protocolos, pero la institución educativa no dejó constancia, se negó a recibir la quinta nota y recién informó al Ministerio de Educación cuando el caso tomó estado público el 21 de octubre. Tras comprobar que el colegio estaba al tanto desde junio, la cartera educativa le retiró el 100% del aporte estatal durante seis meses.
Críticas a la Justicia
Casorla Yalet calificó la demora de los tribunales como “violencia institucional” y denunció que, mientras los señalados conservan sus derechos intactos, la víctima carece de tutela judicial efectiva.
Indicó que en el fuero juvenil las indagatorias de los tres imputados fueron fijadas y luego suspendidas sin que ninguno declarara.
En tanto, en la Justicia ordinaria, tras la Cámara Gesell hay seis personas señaladas y ninguna imputada, cuestionando que el único fallo contundente del año haya sido una medida cautelar que le conservó la condición de alumna regular a distancia a una de las acusadas.
Pedidos
Ante este escenario, el querellante formalizó cuatro exigencias concretas: por un lado, solicitará que se amplíe la imputación para que se investiguen también los delitos de violación de secretos y lesiones dentro de un obrar coordinado.
En otro de los puntos, exigió que la Cámara de Apelaciones resuelva sin demora y que las fiscalías tomen las indagatorias e impulsen las imputaciones pendientes.
También instó a quienes presenciaron los hechos a declarar la verdad ante la Justicia como deber legal y moral.
Por último, advirtió que llevará hasta el final el reclamo para determinar la responsabilidad civil y penal de quienes tenían el deber de cuidar a Lucrecia y no lo hicieron.
Por último, el abogado señala: “Lo que pido es imputación, indagación y juicio”. El dolor de esta familia no se va a aliviar con sanciones administrativas ni con buenas intenciones. Se va a aliviar cuando la Justicia le abra la puerta de esa celda invisible a Lucrecia y le ponga nombre y apellido penal a cada responsable”.











