El diputado oficialista Eduardo Andrada propuso crear el programa “Entornos Urbanos Seguros” para financiar obras de reparación de veredas y un recargo de impuestos para inmuebles en abandono .
POLÍTICA
Por Redacción El Esquiu
12/4/2026 · 01:20 hs
A través de un proyecto de ley, el diputado oficialista Eduardo Andrada propuso crear en la provincia el programa Entornos Urbanos Seguros (EUS) para que a través de esta herramienta el Estado financie y ejecute obras de reparación de veredas, puesta en valor de fachadas con relevancia arquitectónica y el saneamiento de inmuebles urbanos en desuso, “priorizando la seguridad de adultos mayores” y personas con discapacidad. Además, la propuesta incluye un recargo impositivo para inmuebles abandonados.
“El deterioro de las veredas, la existencia de inmuebles en estado de abandono y la proliferación de baldíos sin mantenimiento se han transformado en barreras arquitectónicas que segregan a nuestros adultos mayores y en focos de inseguridad y riesgos sanitarios”, indica el legislador en la iniciativa.
Dentro del proyecto se establece “la prioridad de intervención en los frentes de viviendas habitadas por adultos mayores (65 años o más) o personas con discapacidad debidamente acreditadas”.
“Esta prioridad no constituye un trato discriminatorio respecto del resto de la ciudadanía, sino una acción positiva de asistencia social”, aclara.
Además, contempla un trabajo articulado entre la provincia y las comunas. Por ello, incluyó un artículo en el que se pauta que el programa funcionará “mediante convenios de colaboración entre la Provincia y los Municipios que manifiesten su voluntad de adhesión”. Otro de los artículos da razón del porqué de esa adhesión: “El Estado Provincial cubrirá el 100% del costo de los materiales (cemento, áridos, baldosas reglamentarias y luminarias LED de fachada). El municipio adherente aportará la mano de obra para la ejecución y supervisión, quedando el frentista eximido de cualquier cargo por la mejora realizada”.
En tanto, Andrada propone que se cree “un recargo impositivo sobre el Impuesto Inmobiliario Provincial para aquellos inmuebles situados en radios urbanos consolidados que presenten estado de abandono, peligro de derrumbe, falta de cerramiento perimetral o malezas persistentes”. Al respecto, dice que el recargo “se fundamenta en el incumplimiento de la función social de la propiedad y el riesgo cierto a la salud pública y seguridad ciudadana”. “El recargo será del 50% sobre la alícuota vigente, incrementándose anualmente en caso de reincidencia, hasta tanto se acredite el cese de la condición de abandono”, precisa.
Eso sí, deja abierta la posibilidad de suspender el plus en el impuesto si el propietario del inmueble “realiza las obras de cierre, limpieza y mejoras de fachada” o “suscribe un convenio de Cesión de Uso Temporal con el Municipio o la Provincia”. Esto se daría cuando el propietario de un inmueble baldío ceda el uso del terreno al Estado por un mínimo de 24 meses, tiempo en el que el inmueble quedará exento del 100% de impuestos provinciales.
En cuanto al planteo acerca del financiamiento, Andrada sugirió tres ejes: partidas presupuestarias específicas asignadas anualmente, lo recaudado por el recargo impositivo y fondos provinciales, nacionales o internacionales destinados al desarrollo urbano sostenible.
