El Gobierno argentino ha enviado una comitiva liderada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, hacia Hamburgo, Alemania, para participar en las audiencias programadas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Estas audiencias, que se llevarán a cabo el próximo 10 y 11 de octubre, son parte de la disputa por la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas.
Durante estas sesiones, el objetivo del Gobierno argentino será solicitar que se decreten medidas provisionales que impidan la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Se espera que la decisión del Tribunal se conozca en un plazo de dos semanas, según han indicado fuentes oficiales.
En el último mes, Argentina solicitó al Tribunal que adoptara medidas provisionales para detener las actividades de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, vinculadas a la explotación de recursos en las islas, las cuales son de capitales estadounidenses e israelíes. Ante la urgencia de la situación, el Tribunal programó audiencias orales.
Durante las audiencias, Argentina y el Reino Unido presentarán sus argumentos. Tras ello, el Tribunal tomará un tiempo para deliberar y decidir sobre el caso. Fuentes del Gobierno han indicado que existen cuatro escenarios posibles. El primero sería que el Tribunal acceda al recurso presentado y detenga los trabajos de explotación; el segundo, que se ordene un cese total del proyecto, lo que consideran poco probable; el tercero, que el Tribunal declare que no tiene competencia, y, finalmente, que avale la explotación.
El primer escenario es el que se considera más probable y se interpretaría como una victoria inicial para Argentina. La presentación fue realizada por equipos jurídicos de varias entidades del Gobierno, incluyendo la Cancillería y el Ministerio de Economía, en el marco del esfuerzo del Gobierno para frenar la explotación en la zona.
Desde septiembre, cuando el presidente Javier Milei abordó la cuestión de Malvinas en un discurso, el Gobierno ha intensificado sus acciones para asegurar la preservación del área, incluyendo la presentación de un proyecto de defensa de la soberanía nacional que actualmente está pendiente en el Congreso.
La defensa argentina ante el Tribunal está compuesta por destacados expertos, entre ellos Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International, y Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International. Estos especialistas aportan su experiencia al reclamo argentino, que sostiene que la inminencia de la explotación del proyecto Sea Lion requiere una acción urgente para prevenir el avance de las operaciones antes de que se forme el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo.
Fuente: La Nación
