La Argentina demorará la aprobación de la iniciativa, que tiene una fuerte resistencia de los laboratorios nacionales.
Argentina no cumplirá su compromiso con Estados Unidos de ratificar en la Cámara de Diputados antes del 30 de abril el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, ya que no tiene previsto debatir esa iniciativa antes de esa fecha, cuya discusión está atravesada por una fuerte resistencia de los laboratorios nacionales.
Ese acuerdo fue aprobado en el 1998 por el Senado pero aún le falta que haga lo propio la Cámara de Diputados, cuyas autoridades sostienen que no podrán aprobar ese convenio antes de fin de mes.
La sanción del TCP antes del 30 de abril es parte de los compromisos que asumió el presidente Javier Milei cuando firmó en con su par de Estados Unidos el Acuerdo Reciproco de Comercio.
Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el tratamiento de ese convenio internacional esta suspendido por pedido especial de Cancillería, y que aun no hay una fecha para que se reanude el debate en la cámara baja.
«Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, dijo la fuente consultada por NA.
La aprobación de esta iniciativa forma parte de los compromisos que asumió el gobierno de Javier Milei en el Acuerdo Reciproco de Comercio firmado con Estados Unidos.
La Cámara de Diputados tenía todo listo para avanzar este martes de manera exprés con el dictamen del proyecto de adhesión argentina a un tratado de cooperación internacional en materia de patentes.
Sin embargo, el plenario de comisiones se cayó abruptamente producto del intenso lobby de los laboratorios nacionales.
Uno de los principales escollos que tiene la ratificación de ese acuerdo -que solo tuvo aprobación del Senado en 1988- es el rechazo de los laboratorios de medicamentos nacionales, que se han opuesto a medidas del presidente Javier Milei para eliminar restricciones sobre propiedades intelectuales.
Milei anuló la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento que dictó la expresidenta Cristina Kirchner, y que beneficiaba a los laboratorios nacionales.
Las cámaras de laboratorios CILFA y Cooperala señalaron que «la aprobación configurará la cesión de soberanía en políticas de propiedad intelectual y anulará las actuales Guías de Patentabilidad aplicadas desde 2012, entre otras consecuencias negativas”, según señala un documento que enviaron a la Cámara de Diputados.
Lo que sucede es que si la Argentina firma la adhesión a ese tratado, cuando se registra una patente de un país miembro tendrá una validez de 20 años, que puede ser de cualquier índole, pero que tiene más impacto en la industria de los medicamentos, que mueve millones de dólares.
Los laboratorios nacionales quieren que si la Argentina aprueba ese tratado lo haga con la reserva del capitulo II. y en este punto es donde se sigue analizando en Cancilleria si se puede hacer esa medida, ya que hay otro sector del Gobierno que creen que eso no se puede realizar.
Los laboratorios nacionales defienden las resoluciones que se tomaron en el 2012 que permite copiar las patentes, ya que eso les permite vender remedios más baratos, mientras que los laboratorios extranjeros reclaman que se reconozcan los millones de dólares que invierten en las investigaciones de medicamentos.
El Gobierno señala “los laboratorios Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andromaco ya usan el PCT para proteger sus desarrollos en el exterior. Lo hacen desde oficinas de otros países porque Argentina no está dentro. La adhesión les da acceso directo, más barato y más simple”, según se desprende de un documento al que tuvo acceso NA.
También sostiene que el «CONICET y su red universitaria representan el 26,9% de las solicitudes PCT de origen argentino, una de las proporciones más altas de América Latina. La ciencia pública argentina ya compite en el sistema; la no adhesión solo le pone trabas administrativas y costos adicionales”, agrega el oficialismo.
Destaca que “El PCT no debilita al INPI: le da herramientas. La adhesión plena abre la posibilidad de que el INPI sea designado en el futuro como Autoridad de Examen Preliminar Internacional, como ya lo es el INPI de Brasil. Eso implica ingresos, expertise y jerarquía institucional. Rechazar el Capítulo II cierra esa puerta”.
na
