Traspaso de estatales: el Gobierno calcula que la mayor salida sería de profesionales
La Provincia piensa dos opciones para ese grupo de agentes dentro del proyecto que prepara: ofrecería puedan sumarse a una empresa o emprender por cuenta propia, con incentivos distintos para cada caso.
14/11/2026 · 01:01 hs
A poco de cumplirse el plazo de quince días estimado que dio el propio gobernador Raúl Jalil para terminar de armar el proyecto de ley que enviará a la Legislatura para incentivar el traspaso de empleados públicos al sector privado, en la provincia ya perfilan cómo impactaría en caso de aprobarse. Para el caso, y según publicó Letra P, en el Gobierno calculan que la mayor salida de estatales se daría entre los profesionales y para ellos piensan en dos alternativas: incorporarse a una empresa en relación de dependencia o trabajar como autónomos y desarrollar un emprendimiento propio.
El proyecto, que todavía no fue presentado formalmente y transita una etapa de ajustes finales de acuerdo al citado medio, contemplaría para quienes elijan el segundo camino incentivos distintos al aporte salarial a cargo de la Provincia que se estarían previendo para el resto de estatales. Entre las alternativas que se barajan aparece el acceso preferencial a líneas de crédito o un beneficio económico que se calcularía según los años de servicio acumulados en la administración pública. En cambio, para quienes se sumen a una empresa el esquema retomaría lo que Jalil viene anticipando desde junio, cuando dijo que la Provincia pagaría el 50% del sueldo correspondiente al cargo que ocupaban en el Estado e incluiría, además, el pago de las cargas sociales.
Hasta ahora, se contemplaba que podrían acogerse al programa los agentes de planta permanente que cuenten con la autorización de su autoridad superior. Como ya existe una licencia especial en el régimen laboral público que habilita a los agentes a dejar temporalmente sus funciones para incorporarse a la minería u otras actividades productivas, el Gobierno entiende que se debería avanzar en una ley para darle carácter permanente.
Jalil habló por primera vez del proyecto en junio, en una entrevista con Agrositio publicada por este medio, cuando dijo que enviaría a la Legislatura “la posibilidad de que le paguemos el 50% del sueldo a los empleados públicos que quieran ir directamente a trabajar al sector privado”. A fines de agosto volvió a prometerlo “en los próximos días” y aclaró que apuntaría “sobre todo para minería”, un sector en el que Catamarca suma proyectos bajo el RIGI, como el de cobre Agua Rica, en Andalgalá, de U$S 4.000 millones comprometidos en inversión.
A fines de octubre, en una entrevista con Infobae, el gobernador ratificó su idea. Allí, el mandatario dijo que es “obvio” que uno de los objetivos de su gestión es reducir aún más el empleo público y aseguró que: “Vamos a presentar una ley, que la tenemos que terminar en quince días, para incentivar a la gente a que vaya al empleo privado”. En esa misma entrevista contó que la iniciativa se trabaja junto al CFI, a cargo de Ignacio Lamothe, y con el empresario Gustavo Grobocopatel “en un plan de Catamarca”.
Es el mismo asesoramiento que, según Letra P, le dio impulso al proyecto. El vínculo con Grobocopatel comenzó en 2024, cuando se buscó identificar oportunidades de crecimiento económico y productivo en distintas comunas del interior y este año derivó en un plan de desarrollo estratégico para el interior provincial, financiado por el CFI. El objetivo es convertir las posibilidades de cada zona de Catamarca en inversiones y puestos de trabajo, con la minería, el turismo y la producción agropecuaria como ejes principales.
Una de las particularidades de ese plan es la metodología, ya que el equipo consultor permanece en la provincia y trabaja directamente en territorio, en contacto con organismos públicos, productores, empresarios y referentes locales. El programa contempla un diagnóstico inicial, indicadores de gestión, coordinación entre ministerios y sectores productivos y seguimiento de resultados. La intención es, además, dejar capacidades instaladas dentro de la propia administración estatal.
