7/11/2026 · 00:28 hs
Una serie de iniciativas presentadas entre 2022 y 2026 fueron motivo de un pedido lanzado por el diputado Provincial del bloque Generar, Mamerto Acuña a los fines que los proyectos sean tratados en la Cámara de Diputados.
Las iniciativas en cuestión son pedidos de información y propuestas legislativas sobre empleo local, condiciones laborales, regalías mineras, fondos fiduciarios y gestión de las empresas mineras. Todo esto se había presentado junto a la diputada mandato cumplido Silvana Carrizo
Puntalmente, Acuña le solicitó a la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Paola Fedeli, que se incorporen al temario de las próximas reuniones de las comisiones de Minería y de Hacienda y Finanzas, ocho iniciativas vinculadas a la actividad minera que continúan sin tratamiento y dictamen legislativo.
Entre las iniciativas, se encuentran pedidos de informes sobre las condiciones laborales en el proyecto Tres Quebradas, operado por Liex S.A.; el cumplimiento de la contratación de mano de obra catamarqueña y proveedores locales por parte de las empresas mineras; la composición actual del empleo provincial minero; y las actividades de Zijin-Liex, incluyendo posibles incumplimientos con proveedores y trabajadores.
También, se encuentra un pedido de información sobre la gestión de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), junto con proyectos de ley que proponen modificar el régimen de administración financiera para incorporar los fondos fiduciarios integrados con regalías mineras al Presupuesto General y derogar los fideicomisos constituidos con esos recursos, restituyendo la distribución directa a los municipios.
En los fundamentos, Acuña señaló que la Cámara de Diputados todavía no cuenta con información suficiente para conocer cuántos catamarqueños trabajan en esos emprendimientos, qué participación tienen los proveedores locales, cómo se utiliza el agua, de qué manera se administran las regalías y bajo qué condiciones de seguridad se desempeñan los trabajadores.
En ese sentido, Acuña planteó que el tratamiento de estos expedientes resulta necesario para que la Legislatura pueda ejercer plenamente su función de control y garantizar que la información sobre el desarrollo de la actividad minera esté disponible para la ciudadanía.
